Se licuó el valor de las prestaciones y eso afecta la atención. La Ley de Emergencia quedó envuelta en la pelea política. Se advierte sobre la necesidad de una reformulación del sistema.
Por Roberto Pico
El gobierno de Javier Milei se jacta de haber realizado el ajuste «más grande de la historia de la humanidad», pero poco se habla de la forma en que alcanzó tamaño recorte. Un tsunami que en gran parte se llevó puestos los haberes jubilatorios, en especial de las asignaciones mínimas, y de apoyos básicos como los remedios para la clase pasiva y prestaciones para un sector infinitamente vulnerable como es la discapacidad.
Un reciente trabajo de IDESA reveló que el nomenclador con el que se actualizan las prestaciones tiene un valor que es 50% inferior al que regía en 2017, fecha tomado como inicio de la aceleración inflacionaria que detonó el sistema. No obstante, al mismo tiempo advirtió que es necesaria una reformulación del sistema para asegurar un financiamiento acorde y justo en materia presupuestaria para las arcas del Estado.
Pero además de la pérdida de valor, las autoridades de los institutos que deben dar las coberturas médicas denuncian atrasos en los pagos que en muchos casos ponen al borde de la subsistencia a estos insustituibles establecimientos.
A nivel nacional, el sistema de protección de la discapacidad está regulado por dos leyes superpuestas. Una es la Ley 22.431 dictada en 1981 por la dictadura militar y la otra es la Ley 24.901 sancionada en 1997. Luego cada provincia tiene su propia ley de protección a la discapacidad que también se solapan con las dos leyes nacionales.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es quien otorga el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) en base a evaluaciones médicas que ejecutan las provincias, según describe un trabajo de IDESA.
La Ley 24.901 establece que las personas que tienen el CUD tienen derecho a prestaciones de rehabilitación, educación y asistencia social (hábitat, alimentación, transporte y acompañamiento).
El set de prestaciones se entiende ilimitado en términos de que se ciñe a lo que la persona discapacitada requiera. El suministro y financiamiento está a cargo de las obras sociales o empresa de medicina prepaga.
Para las personas sin cobertura se supone que son los sistemas de salud provinciales los que se deberían hacer cargo de esta responsabilidad.
Existe un registro de prestadores de discapacidad donde se inscriben quienes facturan el costo de sus servicios a las obras sociales y prepagas y un Nomenclador Único de Discapacidad (NUD) que fija las tarifas de los servicios a facturar y es definido por el Gobierno nacional.
Tomando como base Diciembre del 2017 = 100, momento previo al inicio de la aceleración inflacionaria, se observa que:
- En diciembre del 2020 el valor real del nomenclador era un 37% inferior.
- En diciembre del 2022 se recuperó, pero seguía siendo 23% inferior.
- En abril del 2025 el nomenclador es un 50% inferior al de diciembre del 2017.
Estos datos muestran que el NUD sufrió una gran licuación, es decir, los montos que se pagan a quienes suministran las prestaciones por discapacidad tuvieron una actualización muy por debajo de la inflación, que terminan pagando las familias de su bolsillo.
«El origen del problema es el exceso de oportunismo. Por un lado, se establecen derechos definidos de manera amplia, ambigua, con límites indeterminados y gratuitos. Por el otro, se delega su suministro y financiamiento a entidades privadas (obras sociales y prepagas) o a las provincias. Como el esquema resulta financieramente inconsistente se apela a compensar los excesos de consumo de servicios con la licuación del nomenclador con la inflación», concluyó IDESA.
En consecuencia, sostuvo que «el sistema de cobertura de discapacidad necesita un ordenamiento integral» con mejores criterios para otorgar el CUD y un ANDIS que se encargue de financiar las prestaciones con dinero derivado de rentas generales.
IDESA afirmó que «el sistema de asistencia social a la discapacidad adolece de la misma enfermedad que el sistema previsional. Se otorgan derechos indiscriminadamente con moratorias, regímenes especiales y múltiples beneficios y luego se apela a la inflación y a la manipulación de la movilidad previsional para licuar las prestaciones».
Por consiguiente afirmó que «se necesitan transformaciones integrales y no parches que sigan acumulando voluntarismo».
Por estos días, en el Congreso se debate un proyecto de Ley de Discapacidad que quedó envuelta en una discusión política ya que es impulsada por el diputado kirchnerista, Eduardo Valdés.
El titular del ANDIS, Diego Spagnuolo, rechaza los términos de la norma y denuncia intereses personales de quienes la presentaron porque asegura está «hecha a medida de los prestadores».
El funcionario sostiene que la norma que se pretende sancionar «impone gastos altísimos» sin su contra partida de financiamiento y ataca la política de déficit cero del gobierno.
La politización de la ley llegó al extremo de que el Instituto Patria comandado por Cristina Kirchner emitió un comunicado respaldando la sanción de la Ley de Emergencia en capacidad.
